Democracia Activa

Mientras en otros países se discuten temas como la publicación o no de datos personales que induzcan a comportamientos discriminatorios, en Venezuela todavía se permite que un funcionario público se niegue a ofrecer información sobre la institución a la que presta servicios.

No solo se le oculta al ciudadano información tan importante como, el registro electoral permanente, cifras de muertes registradas anualmente, recursos designados a una obra determinada, sino que las solicitudes emitidas a los organismos públicos que, constitucionalmente deben ser respondidas a los 20 días continuos, se quedan archivadas sin esperanza de que se devuelva la información requerida. Y peor aún, sin que se emita sanción alguna contra quien se niegue a responder.

La Coalición Proacceso, movimiento promotor del acceso a la información en Venezuela tiene en su historial el envío de cientos de peticiones de información pública de las cuales solo son respondidas menos del 10%. Este escenario no ha cambiado a través de los últimos años, y son muy pocas las instancias gubernamentales que han acatado el llamado de la transparencia en sus gestiones, instando a que sean los mismos ciudadanos quienes ejerzan el rol de contralor, reduciéndose así los riesgos de corrupción.

Las acciones que ejerce el Estado venezolano ratifican sistemas menos transparentes, menos necesidad de difusión y mayor discrecionalidad, muestra de ello es la creación del CESNA Centro de Estudio Situacional de la Nación el cual representa un filtro más por el cual será absorbida la información pública que debe llegar a la ciudadanía.

Esta, adicional a la aprobación de la Normativa de Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública, son trabas  que han venido obstaculizando las acciones promovidaspor organizaciones, sociedad civil y algunas individualidades que promueven el derecho a saber.

En este sentido, la Coalición Proacceso hace un llamado a la Asamblea Nacional para que se derogue, tanto el  Decreto Presidencial Nº 7.454 que ratifica la creación del CESNA, como la nulidad de esta normativa aprobada en fecha 22 de octubre de 2010 y publicada en la Gaceta Oficial número 382.124, ya que ambas atentan contra las libertades informativas promoviendo la opacidad y limitando la participación ciudadana.

Una Ley por el derecho a Saber

Cada 28 de septiembre se conmemora en el mundo entero el DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER, y es grato afirmar que Venezuela, este año, tiene una razón para celebrar. Aún cuando nos encontramos en una posición muy distante del resto de los países latinoamericanos, en materia de acceso a la información, estamos cada vez mas cerca de escalar hacia el eslabón de los países que cuentan con una Ley que establece parámetros de gobernabilidad basados en principios de publicidad y participación ciudadana a través de la información.

El pasado 31 de marzo fue presentado ante la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso  a la Información Pública. La iniciativa la tuvo un grupo de diputados de la Comisión de Contraloría, quienes han participado además en diferentes actividades de promoción y consulta de este importante instrumento legal.

Muchos se preguntarán ¿qué cambiaría en el país de aprobarse una ley de este tipo? La respuesta ya se hace evidente en regiones donde han sido aprobadas leyes y ordenanzas de acceso a la información que se han venido acatando, tanto por sus gobernantes, como por sus ciudadanos. Ejemplo de ello son los municipios Maneiro, Los Salias, Chacao, Baruta, Macanao, San Diego y el área metropolitana de Caracas. Asimismo los estados Zulia, Lara, Nueva Esparta, Miranda y Anzoátegui también han discutido en sus consejos legislativos la importancia del derecho a saber.

El objetivo de un instrumento legal que regule el derecho a acceder a información, es hacer posible el control ciudadano de la gestión pública por medio de la publicidad, transparencia y rendición de cuentas por parte de los entes que ejerzan el poder público o privados que manejen obras y servicios con asignaciones del Estado.

Proacceso cuenta con capítulos en las regiones de Zulia, Mérida, Trujillo, Carabobo, Bolívar y Nueva Esparta que han venido promoviendo el ejercicio del derecho a través de actividades en conjunto con legisladores, académicos, profesionales en diversas áreas y directamente con la comunidad. Actualmente, en Carabobo, ya se tiene todo listo para la presentación de un Proyecto de Ordenanza de Transparencia y Libre Acceso a la Información Pública ante el Concejo Municipal Bolivariano de Valencia. De igual forma, en distintas regiones del país se estarán presentando solicitudes de información que se espera sean respondidas en el lapso establecido por ley.

Resulta cada vez más importante que la colectividad se sume a estas acciones y participe elaborando peticiones de información. Accediendo a la web www.proacceso.org.ve pueden seguirse unos sencillos pasos para la elaboración de la carta y el envío de la misma. Ser miembro de Proacceso significa comprometerse con la lucha por la defensa del derecho a saber y colaborar impulsándolo desde su ámbito de acción.

Un primer paso puede ser la difusión en twitter de nuestros mensajes  por el Día del Derecho a Saber siguiendo la cuenta  @proacceso y compartiendo las actividades que se estarán desarrollando en el mundo enmarcadas en la celebración de esta fecha internacional tan importante.

Según informa el diario El Nacional (24 de julio de 2011, p. 10), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estaría en la mira de Venezuela, Colombia y Perú “que desarrollan una intensa actividad diplomática para anularla y evitar que estudie casos que afecten a sus gobiernos”.

La CIDH es un organismo autónomo, cuyo mandato deriva de la Carta de la OEA y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tiene las siguientes funciones: a) analizar e investigar peticiones individuales que alegan violaciones de derechos humanos; b) publicar informes sobre el tema en los Estados miembros; c) pedir medidas cautelares para evitar daños irreparables en casos urgente; y d) someter casos a la Corte interamericana y actuar frente a ella en los procesos.

La primera y última de estas funciones son las que el Gobierno de Venezuela estaría buscando debilitar, porque querría “evitar procesos que empañen la imagen internacional del Presidente Hugo Chávez”. Según se lee en el medio referido, la idea sería “eliminar las funciones punitivas del CIDH para convertirla en un ente asesor”.

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En Venezuela, el Gobierno del Presidente Chávez está negando la personalidad jurídica a las ONG’s que tengan como objetivos fundacionales las palabras Democracia, derechos humanos y/o derechos civiles y políticos.

“Tenemos cinco casos de nuevas organizaciones no gubernamentales (ONG) que llevaron sus actas constitutivas a registros civiles en Caracas y fueron rechazadas por tener entre sus objetivos fundacionales las frases ‘democracia’, ‘derechos humanos’ y/o ‘derechos civiles y políticos’”, denuncia la abogada Liliana Ortega, directora del Comité de Familiares de las Víctimas del Caracazo (Cofavic).

Ortega señala que “todos los rechazos fueron verbales, aduciendo seguir ‘órdenes superiores’. Solo tenemos un caso en el que expresaron el rechazo de forma escrita”.

Según el diario El Universal, “El Foro por la Vida, la red más importante de ONG defensoras de Derechos Humanos en el país, ha sufrido en carne propia la exclusión. Esta coalición nacida en 1997 ha intentado sin suerte obtener su personería jurídica desde 2009”.

El artículo 52 de la Constitución de 1999 establece: “Toda persona tiene derecho de asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho”. Y el 57 dispone: “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura”.

Las organizaciones Artículo XIX (Campaña Global por la libertad de expresión) y Conectas (que trabaja el tema de derechos humanos) envió una carta al Presidente de la República del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva en la que le piden que rechace tres iniciativas legales: la denominada Ley Habilitante y dos modificaciones a leyes sobre medios de comunicación.

Adhiriendo a la postura adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estas organizaciones señalaron que la Ley Habilitante (que entrega al Presidente venezolano la facultad de gobernar por decreto por un período de 18 meses) atenta gravemente contra el principio de separación de poderes, amén de que no establece límites claros al ejercicio de las facultades legislativas del Primer Mandatario.

In english

The organizations Article XIX (Global Campaign for Freedom of Expression) and Connected (it works the human rights issue) sent a letter to the President of Brazil Luiz Inacio Lula da Silva asking him to reject three legislative initiatives: the so-called Enabling Act and two amendments to media laws.

Adhering to the position adopted by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), these organizations noted that the Enabling Act (which delivers the Venezuelan president the power to rule by decree for a period of 18 months) seriously undermines the principle of separation of powers, in addition to not setting clear limits on the exercise of legislative powers of the Chief Executive.

Descarga la carta completa al Presidente Lula

Este viernes 17 de diciembre, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la discutida “Ley Habilitante” que le permitirá al Presidente Chávez gobernar por decreto durante 18 meses.

El pretexto inicial de esta normativa es atender las necesidades derivadas de las fuertes lluvias que han afectado a Venezuela en el último tiempo.

Sin embargo, la Ley Habilitante incluye nueve áreas que son bastante amplias: atención a las necesidades vitales que se han generado por las lluvias; infraestructura; transporte y servicios públicos; vivienda y hábitat; ordenación territorial, desarrollo integral y uso de la tierra urbana y rural;  financiero y tributario; seguridad ciudadana y jurídica; seguridad y defensa integral; y cooperación internacional y sistema socioeconómico.

Como informamos en una noticia anterior, esta situación ha traído consigo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifieste su preocupación por estimar que esta normativa atenta gravemente contra el principio de separación de poderes y contra la libertad de expresión.

El chileno José Zalaquett —abogado especialista en derechos humanos— ha llegado a decir que “en la Venezuela de hoy, la revolución (o lo que pasa por tal) justifica los medios”.

In english

Venezuela approves Enabling Law

Friday 17 December, the National Assembly of Venezuela approved the controversial “enabling law” that will allow President Chavez to rule by decree for 18 months.

The initial pretext for this policy is to meet the needs resulting from heavy rains that have hit Venezuela in recent times.

However, the Enabling Act includes nine areas that are quite large: attention to the basic needs that have been generated by the rains; infrastructure; transport and public services; housing and use of urban and rural land, financial and taxation; public and legal security, security and defense, and international cooperation and socio-economic system.

As reported in a previous post, this situation has brought to the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expresses its concern about the view that this legislation seriously undermines the principle of separation of powers and the freedom of expression.

The Chilean, Mr. Jose Zalaquett (human rights lawyer) has said that “in today’s Venezuela, the revolution (or what passes as such) justifies the means”.

Después de manifestar su preocupación por una propuesta presidencial que busca controlar el financiamiento que reciben las ONG’s por concepto de cooperación internacional (ver noticia), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA señaló, el pasado 15 de diciembre, que tres proyectos legales (ley habilitante, ley sobre telecomunicaciones y ley sobre responsabilidad social en radio y televisión) atentan contra los derechos humanos.

La denominada Ley Habilitante “delega en el Ejecutivo la potestad de sancionar leyes durante el plazo de un año. Tanto la norma constitucional como la ley de delegación omiten establecer los límites necesarios para que exista un verdadero control de la facultad legislativa del poder ejecutivo, no existiendo un mecanismo que posibilite una correlación equilibrada del poder público como garantía para la vigencia de los derechos humanos”.

La CIDH estimó grave esta normativa por atentar contra una separación efectiva y no meramente formal de los poderes ejecutivo y legislativo. Un segundo elemento que hace grave este proyecto es que lo amplía a la tipificación de hechos punibles. Y un tercero es que, incluso, permite —mediante disposiciones vagas y ambiguas— el establecimiento de normas sobre telecomunicaciones, lo que se suma a los dos proyectos referidos al área de comunicaciones.

La CIDH concluyó lo siguiente: “[…] estas medidas implican un muy grave retroceso para la libertad de expresión que afecta principalmente a los grupos disidentes y minoritarios que encuentran en Internet un espacio libre y democrático para la difusión de sus ideas. Asimismo, al avanzar sobre la influencia de los medios audiovisuales privados, los proyectos de ley mencionados restringen aún más los espacios de debate público sobre la actuación de las autoridades venezolanas y favorecen a la cada vez más poderosa voz del Estado y las autoridades de gobierno”.

Revisa el contenido completo de la declaración de la CIDH

A través de una declaración pública, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación ante la propuesta del Gobierno de Venezuela de adoptar disposiciones legales a fin de controlar el financiamiento que reciben las organizaciones no gubernamentales por concepto de cooperación internacional.

Señaló: “Según la información recibida, el Presidente Hugo Chávez pidió a la Asamblea Nacional la adopción de una ley que impida el financiamiento internacional de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales”.

Y agregó: “La Comisión expresa su preocupación ante la posibilidad de que se aprueben normas que podrían generar obstáculos a la conformación, independencia y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. En especial, preocupa a la CIDH la posibilidad de que se reactive el Proyecto de Ley sobre Cooperación Internacional aprobado en primera discusión en Cámara Plena en el año 2006. La vaguedad del lenguaje de algunas disposiciones del proyecto y el amplio margen de discrecionalidad que otorga a las autoridades encargadas de reglamentar la ley generan el riesgo de que esta norma sea interpretada de manera restrictiva para limitar el ejercicio de los derechos de asociación, libertad de expresión, participación política e igualdad. Esto afectaría seriamente el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, cuyo rol independiente ha sido fundamental para el fortalecimiento de la democracia venezolana”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Revisa la declaración completa