Democracia Activa

Chile- Durante el 2011, la desconfianza de los chilenos sobre el sector público aumentó considerablemente según la Encuesta Nacional de Transparencia que realiza año tras año e Consejo para la Transparencia.

Participa como corporación privada, pluralista y no partidaria que promueve fines públicos, buscamos contribuir al conocimiento, difusión, respeto y ejercicio de los valores democráticos y derechos fundamentales, por lo que esta encuesta tiene un valor fundamental para seguir trabajando en pos de la transparencia pública.

Según los resultados expresados en la encuesta, un 84% de los chilenos desconfían de las instituciones públicas, factor base a la hora el reconocimiento con el Estado, mientras que el 2010 sólo alcanzó a un 59,5%. Sin embargo, un 64,8% alcanzó la percepción de ocultamiento de información, un 17% menos que el año anterior con un 81,8%.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, sostuvo que las cifras son preocupantes y espera que la Ley de Transparencia disminuya estas cifras. Recalcó también, el derecho fundamental de los chilenos al acceder a la información pública y sus mecanismos para ello.

“Este es un derecho que tienen todos los chilenos, no como se señala en la encuesta en que algunos creen que es algo reservado sólo para un segmento de l población, y en el Consejo ampara los reclamos de todos los chilenos, afirmó.

Dejamos dos encuestas:

Estudio Nacional de Transparencia 2011

Encuesta Nacional de Posicionamiento y Satisfacción de Clientes 2010

Fuente: Consejo para la Transparencia

El día jueves 10 de noviembre, con el auspicio de la Fundación CONSTRUIR y la asistencia técnica del Centro Internacional para el Derecho No Lucrativo (ICNL), se realizó en la ciudad de  La Paz el taller de análisis “Derecho de Asociación: marco legal para la sociedad civil organizada“, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, reflexión y debate entre representantes  de redes y organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, en relación al entorno legal para la sociedad civil en Bolivia, así como las garantías, desafíos y oportunidades, en el momento actual.

Se tomó en consideración diversas prácticas y obstáculos que enfrentan las OSCs/ ONGs, generalmente como consecuencia de su labor de promoción y protección de los derechos humanos: 1) Restricciones administrativas y legales, así como prácticas burocráticas discriminatorias o dilatorias; 2) Campañas de difamación, estigmatización y descalificaciones públicas; 3) Judicialización, punitiva y fiscal; y 4) Amenazas, intimidación, hostigamientos, que generalmente quedan sin protección.

Estas restricciones impuestas sobre la actividad de la sociedad civil organizada pueden afectar valores esenciales para la construcción de una sociedad democrática y plural, debilitando la participación ciudadana informada y el debate critico en la toma de decisiones sobre las políticas públicas.

Luego de un amplio análisis de la coyuntura nacional, así como la identificación de los principales desafíos para la sociedad civil organizada del país, como conclusión se anotó que el marco legal de las organizaciones civiles en Bolivia debe basarse en los siguientes principios y estándares internacionales:

1.- Derecho de Asociación.-  La creación y conformación de organizaciones civiles, sean asociaciones y fundaciones, sean con personalidad jurídica reconocida o de hecho, son una realización del derecho fundamental de asociación que tienen todas las personas para promover, ejercer y proteger intereses públicos legítimos; en consecuencia este derecho es indisoluble al ejercicio colectivo de los derechos de libre expresión, acceso a la información y participación en las políticas públicas.

2.- Interés Público.- Las organizaciones civiles que trabajan por el interés público, se caracterizan por constituir entidades privadas, sin fines de lucro, que persiguen el beneficio público, tales como la salud, educación, medio ambiente, los derechos humanos y el desarrollo de la ciudadanía plena. Es decir son organizaciones que promueven  políticas públicas en favor de la sociedad y de la atención de necesidades colectivas de grupos sociales con carestías especiales, así como aquellas que con su labor contribuyen al bien común, y no solamente el beneficio mutuo entre sus miembros.

3.- Libertad contractual.- Las organizaciones civiles se fundan en la voluntad de sus miembros, por lo que las asociaciones y fundaciones determinan independientemente y por sí mismas, cada una de ellas, su finalidad, objeto y estructura, así como el ámbito de sus acciones, siempre que sean lícitas; por lo que constituye un espacio democrático, plural y autónomo.

4.- Autonomía institucional.- La autonomía en la gestión institucional es la base del derecho a auto-regular su funcionamiento, conforme a sus propias normas. En ese marco no gubernamental, son las propias organizaciones civiles que deben asumir el desafío de su reforzamiento interno en relación a su gobierno corporativo, sus sistemas de rendición de cuentas, publicidad y transparencia.  Para ello, el mismo sector deberá promover buenas prácticas y establecer sistemas de certificación y acreditación de estándares mínimos de buen gobierno institucional de las organizaciones civiles, así como códigos de conducta internos y el establecimiento de contenidos mínimos en los estatutos que prevengan los conflictos de intereses.

5.- Responsabilidad.- Los representantes de las organizaciones civiles son responsables por los resultados de su gestión ante sus asociados, instituyentes, patrocinadores, donantes y beneficiarios. En el caso de administrar recursos públicos o de la asistencia oficial al desarrollo, estarán sometidos a la fiscalización y control de las entidades del Estado que correspondan.

6.- Legalidad.- El principio de licitud de sus actividades, sujeta el registro y funcionamiento de las organizaciones civiles al cumplimiento de la ley y regulaciones administrativas, tanto en lo técnico, administrativo como en lo fiscal, impositivo  y laboral; por lo que los sistemas de control y supervisión estatal deberá ser establecidos por Ley, con plazos fijos y razonables, procedimientos simples, requisitos ciertos, no discriminatorios ni discrecionales; de tipo aleatorio y no selectivo, estableciéndose procedimientos y vías independientes  de revisión, impugnación y apelación de aquellas decisiones que denieguen de manera infundada solicitudes de las organizaciones civiles.

7.- Ausencia de lucro.- Dada la naturaleza no lucrativa de las organizaciones civiles de beneficio público, la totalidad de sus ingresos, excedentes o utilidades deben destinarse a los fines sociales establecidos, no pudiendo ser distribuidos entre sus asociados, ni siquiera en el caso de disolución y liquidación. Bajo ese marco, las organizaciones civiles para su auto-sostenibilidad podrán generar ingresos propios y realizar la prestación de servicios remunerados, beneficiándose de las exenciones tributarias que correspondan. Asimismo, se hace necesario promover la filantropía nacional mediante incentivos fiscales.

8.- Colaboración inclusiva y eficaz.- Con el fin de optimizar recursos y esfuerzos, conforme a la Declaración de París y el Plan de Acción de Accra se hace necesario construir relaciones colaborativas, más inclusivas y eficaces entre donantes, gobiernos, sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

La Secretaría General de la OEA, el Centro de Estudios para el Desarrollo de Chile (CED) y FLACSO- Ecuador, con el apoyo del Open Society Institute, organizaron  la  reunión preparatoria rumbo al Tercer encuentro  de Ministros de Seguridad Pública de las Américas (MISPA III). El evento congregó a 25 organizaciones de la sociedad civil en Quito, Ecuador desde el 16 al 18 de agosto de 2011.

El evento reunió a representantes de  Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, EEUU, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela,   con el propósito de contribuir a la agenda regional de seguridad pública que impulsa la OEA  a través de propuestas concretas para la acción desde la perspectiva de la sociedad civil y los derechos humanos.

El objetivo  central de la reunión fue el  análisis  del rol  que la sociedad civil ha tenido en la agenda de seguridad pública regional y cómo se puede fortalecer el vínculo entre sociedad civil con los gobiernos nacionales y organismos multilaterales. El temario abordado en los grupos de trabajo  se relacionó con la gerencia y gestión pública de la seguridad, gestión policial, sistema penitenciario. Por otro lado, se abordaron  los desafíos que enfrenta la agenda de seguridad pública en la región desde la perspectiva de los derechos humanos, civiles y ciudadanos.

Otro tema  de discusión fue los avances de  la agenda de trabajo comprometida por las autoridades ministeriales en materia de seguridad pública en la región. Las recomendaciones que resultaron  de esta reunión serán insumos para la MISPA III. Se destacó la necesidad de generar políticas públicas integrales de seguridad, respetuosas de los derechos humanos. También la necesidad de avanzar el regímenes de rendición de cuentas, transparencia y acceso público a la información sobre la gestión de las policías, así como la importancia de incrementar la participación ciudadana en el sistema de seguridad pública, como una forma de control democrático y civil.

Ramiro Orías, Director de la Fundación Construir y representante por  Bolivia en la reunión organizada en Quito, mencionó  que  actualmente en nuestros países la necesidad de incorporar programas de prevención de la violencia de género, tanto a nivel de los sistemas de policía, como a nivel de los Gobierno locales es un problema latente. En ese mismo sentido,  la contra-reforma penal a partir de los discursos de seguridad ciudadana en vulneración de las garantías constitucionales, ha llevado a usar excesiva y arbitrariamente la detención preventiva, generando una situación de hacinamiento en las cárceles. Cabe resaltar la necesidad de que se incorporen mecanismos de seguimiento y evaluación de los procesos de reforma del sistema de seguridad pública.

La Tercera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública se llevará a cabo el 17 y 18 de noviembre de 2011 en Puerto España, Trinidad y Tobago.  El  desafío de este evento estará en torno a uno de los pilares del Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas, en particular el enfoque de la gestión policial. Asimismo el evento constituirá  herramientas necesarias para completar los esfuerzos de las autoridades políticas para enfrentar los desafíos que plantean la violencia, la delincuencia y la inseguridad.

Organizaciones de la región andina, como el IDL de Perú, CIDES de Ecuador, De Justicia de Colombia y la Fundación CONSTRUIR de Bolivia, junto a la Fundación para el Debido Proceso Legal, así como con la participación de organizaciones indígenas y afros, el día martes 29 de abril, se presentaron en una audiencia regional ante  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitarle que obligue a los Estados a que respeten el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y afro descendientes al considerar la explotación de recursos naturales con fines comerciales.

Representantes de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia expusieron sobre las violaciones a este derecho que sufren a diario las comunidades indígenas de sus países y señalaron la falta de voluntad política de los Estados para darle mayor atención al tema. Le pidieron a la CIDH que recomiende a los Estados que aprueben leyes para regular este derecho y que le indiquen la necesidad de monitorear de más cerca las actividades extractivas de las empresas privadas asegurándose que estas se hagan en el marco de un respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Al final del 141º Periodo de sesiones, el comunicado público de la CIDH de la OEA, resaltó la preocupación de “la Comisión por los desplazamientos forzosos que en muchos países de la región están ocurriendo como consecuencia de la construcción de mega represas y la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y afro descendientes, lo cual en muchos casos pone en riesgo la supervivencia de esos pueblos. En este sentido, la CIDH urge a los Estados a adoptar medidas para superar los obstáculos que impiden el pleno ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de las poblaciones indígenas y afro descendientes sobre decisiones que afecten sus territorios”.

En la audiencia se recibieron valoraciones sobre los principales obstáculos fácticos y normativos que impiden un pleno ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de las poblaciones indígenas y afro descendientes en países de la región andina. En este respecto, la CIDH recuerda que la garantía del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras y los recursos naturales allí presentes es una de las bases fundamentales para la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas, el desarrollo de su cultura, y la preservación de su vida espiritual.

Las organizaciones indicaron que en los cuatro países, los gobiernos han otorgado concesiones, sin consulta previa, para la realización de proyectos de infraestructura o de explotación de recursos naturales (hidrocarburos, minería, maderas) en territorios indígenas o de comunidades afro-descendientes. Asimismo, denunciaron la falta de voluntad política para respetar y garantizar el derecho fundamental a la consulta previa.

Las organizaciones pidieron a la CIDH que exhorte a los Estados a aprobar leyes generales de consulta previa; a revisar las concesiones otorgadas en territorios indígenas o de comunidades afro-descendientes, sin consulta previa y a considerar que cuando las comunidades estén en riesgo de extinción, como ocurre en Colombia, se requiere no solo consultar sino obtener el consentimiento de los pueblos. En la audiencia se presentó el informe El derecho a la consulta previa, libre e informada. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, elaborado por DPLF a solicitud de OXFAM.

http://www.dplf.org/uploads/1301596126.pdf

In English

Organizations of the Andean region of Peru as IDL, CIDES of Ecuador, Colombia’s justice and the foundation built in Bolivia, together with the Foundation for Due Process of Law, and with the participation of indigenous and Afro, the day Tuesday 29 April, were presented at a regional hearing before the Commission on Human Rights (IACHR) to request that requires States to respect the right to consultation with indigenous and black peoples to consider the exploitation of natural resources for commercial.

Representatives of Bolivia, Ecuador, Peru and Colombia spoke about the violations of this right that suffer daily indigenous communities of their countries and noted the lack of political will of States to give greater attention to the issue. Asked the Commission to recommend to the States to adopt laws to regulate this right and to indicate the need for closer monitoring of mining activities of private enterprises assure they are made in the context of respect for the rights of indigenous peoples.

At the end of the 141 ° period of sessions, the public announcement of the IACHR of the OAS, highlighted the concern of “the Commission forced displacement in many countries of the region are occurring as a result of the construction of mega dams and the exploitation of natural resources in indigenous and African descent, which in many cases threatens the survival of these peoples. In this regard, the Commission urges States to take measures to overcome the obstacles that impede the full exercise of the right to free, prior and informed participation of indigenous and Afro-descendant populations on decisions affecting their territories.”

The hearing received ratings on the main factual and regulatory obstacles impeding the full exercise of the right to free, prior and informed participation of indigenous and black populations in countries of the Andean region. In this regard, the Commission recalls that the guarantee of property rights of indigenous peoples to their lands and natural resources present there is an essential foundation for the integrity and economic survival of indigenous communities, the development of culture, and preservation of their spiritual life.

The organizations indicated that in the four countries, governments have granted concessions, without consultation, to carry out infrastructure projects or the exploitation of natural resources (oil, mining, timber) in indigenous or Afro-descendants. They also denounced the lack of political will to respect and guarantee the fundamental right to prior consultation.

The organizations asked the Commission to urge States to enact general laws prior consultation to review the concessions granted in indigenous or Afro-descendants, without prior consultation and to consider that when communities are at risk of extinction, as occurs in Colombia, is required not only consult but to obtain the consent of the people. At the hearing, they introduced the report “The right to free, prior and informed. The situation in Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru”, prepared by OXFAM DPLF upon request.

http://www.dplf.org/uploads/1301596126.pdf

Con un Plan de Trabajo desafiante y concreto finaliza el taller de Democracia Activa, realizado los días 15 y 16 de marzo en Bogotá, Colombia.

Coordinadores Nacionales de Democracia Activa se reunieron en Bogotá con el objetivo de organizar la aplicación del Indice de Evaluación de Cumplimiento Gubernamental (IECG) en los países andinos.

El Informe con los resultados obtenidos estará para el 30 de octubre del presente año.

Además, se acordaron acciones específicas a realizar en el marco de la Asamblea General de la OEA a realizarse entre el 6 y  8 de junio en San Salvador, El Salvador y de la VI Cumbre de las Américas a realizarse en Abril del 2012 en Cartagena, Colombia.

En este sentido, la Red acordó difundir los resultados del IECG, promover e incidir con propuestas concretas sobre como fortalecer la participación de las OSC en las AG y en las Cumbres de las Américas.

Por último, se acordó que una vez conocido cual será el tema principal de la próxima Cumbre se preparará un documento base, fundamentando que los temas de la red son claves y transversales al tema en cuestión.

Los temas en que trabaja Democracia son: acceso a la información pública, libertad de expresión, participación de la sociedad civil y descentralización y gobiernos locales.

Los participantes de la reunión fueron

1. Bolivia. Ramiro Orias. Fundación Construir.

2. Canadá. Lesly Burns de Focal

3. Colombia. Gabriel Murillo y Natalia Castañeda de Fundación Presencia.

4. Chile. Andrea Sanhueza de Corporación PARTICIPA.

5. Ecuador. Boris Cornejo de Fundación Esquel.

6. Paraguay. Marta Ferrara de Semillas para la Democracia.

7. Perú. Ximena Luón de Desco.

8. Uruguay. Roberto Gossi de CAINFO, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública.

9. Venezuela. Francine Jacome de Invesp, Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Políticos.

In English

Ends Active Democracy Workshop, held in Bogotá

Active Democracy National Coordinators met in Bogotá with the objectives of organizing the implementation of the Index of Government Compliance Assessment (IECG) in the Andean countries.

The report with the results obtained will be for the October 30 this year.

You agreed to perform specific actions within the framework of the OAS General Assembly to be held between 6 and June 8 in San Salvador, El Salvador and the Sixth Summit of the Americas in April 2012 in Cartagena, Colombia.

In this sense, the Network also agreed to disseminate the results of IECG, promote and influence with concrete proposals on how to strengthen the participation of CSOs in the AG and the Summits of the Americas.

Finally, it was agreed that once known what will be the main theme of the next Summit will prepare a base document the grounds that the network issues are key and transverse to the subject matter.

The issues on which democracy works are: access to public information, freedom of expression, civil society participation and decentralization and local governments.

Participants of the meeting were:
1. Bolivia: Ramiro Orias. Building Foundation.
2. Canada: Focal Leslie Burns
3. Colombia: Natalia Castañeda Gabriel Murillo and Presence Foundation.
4. Chile: Andrea Sanhueza PARTICIPA Corporation.
5. Ecuador: Boris Cornejo Esquel Foundation.
6. Paraguay: Marta Ferrara Seeds for Democracy.
7. Peru: Ximena Luon Desco.
8. Uruguay: Roberto Gossi of CAINFO, Center for Archives and Access to Public Information.
9. Venezuela: Francine Jacome de INVESP, Venezuelan Institute of Social and Political Studies.

Los días 15 y 16 de marzo de 2011 en Bogotá, se efectuará el Taller “Aplicación de la Metodología de Seguimiento del IECG sobre los Mandatos de las Cumbres de las Américas y el Plan de Trabajo para el período 2010-2012”.  En el taller de evaluación realizado por la Red Democracia Activa  en la ciudad de Santiago de Chile en enero del 2010, se decidió continuar con el trabajo correspondiente a la aplicación del Índice de Evaluación del Cumplimiento Gubernamental (IECG) de los mandatos establecidos en las Cumbres de las Américas, en las áreas de Libertad de Expresión, Acceso a la Información Pública, Participación de la Sociedad civil y la Descentralización.

A tal fin,  desde noviembre de 2010 se  ha iniciado una nueva fase con la convocatoria a un taller para la preparación de la aplicación de la metodología que permita elaborar informes nacionales con la data requerida para facilitar también, la producción de un Informe Regional. Igualmente, se espera definir cómo fortalecer el trabajo de la Red así como identificar mecanismos que permitan  articular el trabajo con otras redes así como con las iniciativas que se desarrollan desde la OEA. Esta tarea se inscribe en el proceso de continuar participando activamente en el Sistema Interamericano y, especialmente, en la dinámica preparatoria de la próxima Cumbre a realizarse en Colombia en el año 2012  así como también  la Asamblea General que se realizará en El Salvador este año.

Los objetivos más importantes de esta actividad son:

1.  Fortalecer el trabajo que realiza la Red Democracia Activa en  cuanto a su capacidad de hacer el seguimiento al cumplimiento de los mandatos de las Cumbres de las Américas y más específicamente por parte de los gobiernos de la Región Andina para el período 2009-2011, aplicando la metodología y su índice ajustado y validado en la fase anterior.

2.  Establecimiento del Plan de Trabajo de la Red para el período 2011-2012, con especial énfasis a su presencia en la Asamblea General de El Salvador (junio 2011) y la VI Cumbre de las Américas (Cartagena, 2012).

3.  Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil para incidir en el Sistema Interamericano y articulación con otras redes.

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In english

Active Democracy: Citizen Network for Governmental Compliance of Summit of the Americas Mandates.

On next March 15^th and 16^th in Bogota, Colombia Active Democracy will  held a workshop on “Implementation of the Monitoring Methodology IECG on the mandates of the Summits of the Americas and the Work Plan for 2010-2012.”

In the evaluation workshop conducted by the Active Democracy Network in the city of Santiago de Chile in January 2010, it was decided to continue the work for the implementation of the Index of Government Compliance Assessment (IECG) of the mandates of the Summits of the Americas in the areas of Freedom of Expression, Access to Public Information, Civil Society Participation and Decentralization.

This workshop will count with the participation of the National Coordinators of the network from Colombia, Peru, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela and Ecuador.

The main objectives of this activity are:

1. Strengthen the work done by the Active Democracy Network in their ability to monitor compliance of the mandates of the Summits of the Americas and more specifically by the governments of the Andean region for the period 2009-2011, applying the index.

2. Establishment of the Working Plan of the Network for the period 2011-2012, with special emphasis in the OAS General Assembly to be held in El Salvador (June 2011) and in the Sixth Summit of the Americas (Cartagena, 2012).

Miles de personas de distintos sectores sociales de República Dominicana, acogieron el llamado para llevar prendas amarillas en reclamo por un aumento presupuestario para educación que alcance el 4% del PIB. Este evento ocurrió el pasado lunes 06 de diciembre.

Representantes de la Coalición Educación Digna —entidad que integra a 190 organizaciones sociales— calificaron “como ‘un rotundo éxito’ el ‘Lunes Amarillo’ que convocaron para exigir al Gobierno el 4% del Producto Interno Bruto para la educación y prometió mantener la presión hasta lograr esa meta”.

Josefina Arévalo, representante de Participación Ciudadana, señaló a Democracia Activa: “La ciudad de Santo Domingo, así como las principales provincias del país, se vistió de amarillo: camisetas, blusas, camisas, pantalones, gorras, zapatillas, corbatas, lazos, sombrillas, cintas, etc. Como en este país hace mucho calor, la simbología utilizada fue una sombrilla amarilla con el mensaje ‘4% para la educación’. También hubo distribución de stickers y cintas amarillas para colocar en los autos.  ¡Fue todo un éxito!”.

A través de un artículo, denominado “Ley contra el racismo y libertad de expresión: Un análisis a la luz de la jurisprudencia de la CIDH”, el abogado boliviano Ramiro Orias —Magíster en Estudios Internacionales, con especialidad en Derecho Internacional y DDHH— cuestiona el contenido de la  Ley “contra el racismo y toda forma de discriminación”. Lo hace a partir del análisis de los artículos 16 y 23 de esta normativa que irían en contra de la Convención Interamericana de Derechos humanos (CIDH), conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”.

El Art 16 de la Ley dispone que las sanciones económicas y suspensión de la licencia de funcionamiento estarán sujetas a reglamentación del Ejecutivo. Esto, según el análisis de Orias, va en contra de la Convención, cuyos criterios de interpretación establecen que estas restricciones  sólo pueden ser materia de Ley.

Por su parte, el artículo 23 de la Ley establece que los delitos de racismo tendrán como agravante penal de uno a cinco años “cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio o un propietario sin que pueda alegar inmunidad o fuero alguno”. Esto también contradice los criterios de interpretación de la CIDH, porque “la sanción de delitos de ofensa a personas o grupos de personas, deberá ser siempre mediante una indemnización fijada en la vía civil”.

El análisis completo del abogado Orias puedes descargarlo en formato PDF

Diversas organizaciones de la sociedad civil chilena se reunieron, este martes 30 de noviembre, con la Directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la economista chilena Irene Klinger.

Irene Klinger se encuentra en nuestro país para participar en un Seminario Internacional (1 y 2 de diciembre), organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, con motivo de cumplirse, este 2011, 10 años de la Carta Democrática Interamericana de la OEA (2001).

En la reunión con la sociedad civil chilena, participaron algunas organizaciones registradas en la OEA y otras en proceso de registro o con interés de registrarse. Entre las primeras: Chile Transparente, Programa de Economía del Trabajo, Desarrollo Solidario Internacional, Nueva Acrópolis, Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad y Corporación Participa, que hizo las veces de entidad convocante. Y entre las segundas: Fundación Ciudadano Inteligente, Fundación Pro Acceso, Acción por la Tierra.

Luego de dar una breve reseña sobre la naturaleza, estructura y objetivos de la OEA, Irene Klinger se refirió al aniversario décimo de la Carta Democrática Interamericana que se celebrará el próximo año. Indicó la necesidad de difundir la Carta en la sociedad civil y que no sea un instrumento únicamente conocido a nivel de gobiernos, especialmente de cancillerías.

Asimismo, recalcó que la Carta hace referencia a la participación de la sociedad civil en las decisiones públicas, concretamente el Art. 6º que establece: “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”.

Los representantes de la sociedad civil que participaron en esta reunión, coincidieron en la necesidad de articular una mesa permanente de las entidades chilenas registradas en la OEA o en proceso de registro. Y, de manera concreta, aprovechar el aniversario de la Carta Democrática Interamericana para conseguir esta meta.

El Foro por la Vida, Coalición de Organizaciones de Derechos Humanos, y Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de Sociedad Civil, expresaron su oposición a la posible dictación de una Ley de Cooperación Internacional que establecería limitaciones o restricciones al derecho de asociación en Venezuela.

A través de una declaración pública, señalaron: “Cualquier regulación legislativa que pretenda imponerse sobre el marco de actuación de las ONG deberá cumplir con el contenido y los límites establecidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos suscrito por el Estado Venezolano”.

Luego agregaron: “[…] la Asamblea Nacional no es libre de establecer cualquier limitación o restricción a este derecho. Las únicas limitaciones o restricciones legales que resultan aceptables del derecho de libre asociación, son aquellas “que sean necesarias en una sociedad democrática”.

Descarga la declaración completa