Democracia Activa

Chile- Durante el 2011, la desconfianza de los chilenos sobre el sector público aumentó considerablemente según la Encuesta Nacional de Transparencia que realiza año tras año e Consejo para la Transparencia.

Participa como corporación privada, pluralista y no partidaria que promueve fines públicos, buscamos contribuir al conocimiento, difusión, respeto y ejercicio de los valores democráticos y derechos fundamentales, por lo que esta encuesta tiene un valor fundamental para seguir trabajando en pos de la transparencia pública.

Según los resultados expresados en la encuesta, un 84% de los chilenos desconfían de las instituciones públicas, factor base a la hora el reconocimiento con el Estado, mientras que el 2010 sólo alcanzó a un 59,5%. Sin embargo, un 64,8% alcanzó la percepción de ocultamiento de información, un 17% menos que el año anterior con un 81,8%.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, sostuvo que las cifras son preocupantes y espera que la Ley de Transparencia disminuya estas cifras. Recalcó también, el derecho fundamental de los chilenos al acceder a la información pública y sus mecanismos para ello.

“Este es un derecho que tienen todos los chilenos, no como se señala en la encuesta en que algunos creen que es algo reservado sólo para un segmento de l población, y en el Consejo ampara los reclamos de todos los chilenos, afirmó.

Dejamos dos encuestas:

Estudio Nacional de Transparencia 2011

Encuesta Nacional de Posicionamiento y Satisfacción de Clientes 2010

Fuente: Consejo para la Transparencia

Este 9 de diciembre se celebra el denominado “Día internacional contra la corrupción”, fecha decretada por resolución de las Naciones Unidas de 2003 que, a su vez, estableció la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Dicha convención establece, entre otras medidas, la obligación de “rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos” (Art. 1º).

Esta Convención es sumamente relevante para nuestra red DEMOCRACIA aCTIVA que promueve los derechos de acceso a la información pública y de participación ciudadana. En este sentido, su Art. 10 establece: “Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda”.

Este instrumento fue, precisamente, una de las fuentes internacionales que han inspirado la dictación, en varios países de la Región, de leyes de transparencia y acceso a la información pública, como los casos de México, Perú, Chile, entre otros.

Esta normativa es una herramienta esencial para las organizaciones de la sociedad civil, ya que mediante ella pueden obtener información relevante que se encuentra en manos de los órganos públicos.

Luego, el Art. 13 Nº 1 de la Convención consagra el derecho a la participación ciudadana: “Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa”. Y luego agrega que esta participación debe reforzarse con el aumento de la transparencia y con la contribución de la ciudadanía en los procesos de decisiones.

Democracia Activa adhiere a la conmemoración de este día, saludando a todos los organismos internaciones y nacionales encargados de implementar los compromisos suscritos por los estados. Y, muy especialmente, a las organizaciones de la sociedad civil que se esfuerza por hacer valer los derechos de acceso a la información y de participación en los asuntos públicos.

Diversas organizaciones de la sociedad civil chilena se reunieron, este martes 30 de noviembre, con la Directora del Departamento de Asuntos Internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la economista chilena Irene Klinger.

Irene Klinger se encuentra en nuestro país para participar en un Seminario Internacional (1 y 2 de diciembre), organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, con motivo de cumplirse, este 2011, 10 años de la Carta Democrática Interamericana de la OEA (2001).

En la reunión con la sociedad civil chilena, participaron algunas organizaciones registradas en la OEA y otras en proceso de registro o con interés de registrarse. Entre las primeras: Chile Transparente, Programa de Economía del Trabajo, Desarrollo Solidario Internacional, Nueva Acrópolis, Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad y Corporación Participa, que hizo las veces de entidad convocante. Y entre las segundas: Fundación Ciudadano Inteligente, Fundación Pro Acceso, Acción por la Tierra.

Luego de dar una breve reseña sobre la naturaleza, estructura y objetivos de la OEA, Irene Klinger se refirió al aniversario décimo de la Carta Democrática Interamericana que se celebrará el próximo año. Indicó la necesidad de difundir la Carta en la sociedad civil y que no sea un instrumento únicamente conocido a nivel de gobiernos, especialmente de cancillerías.

Asimismo, recalcó que la Carta hace referencia a la participación de la sociedad civil en las decisiones públicas, concretamente el Art. 6º que establece: “La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”.

Los representantes de la sociedad civil que participaron en esta reunión, coincidieron en la necesidad de articular una mesa permanente de las entidades chilenas registradas en la OEA o en proceso de registro. Y, de manera concreta, aprovechar el aniversario de la Carta Democrática Interamericana para conseguir esta meta.