Democracia Activa

Las organizaciones Artículo XIX (Campaña Global por la libertad de expresión) y Conectas (que trabaja el tema de derechos humanos) envió una carta al Presidente de la República del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva en la que le piden que rechace tres iniciativas legales: la denominada Ley Habilitante y dos modificaciones a leyes sobre medios de comunicación.

Adhiriendo a la postura adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estas organizaciones señalaron que la Ley Habilitante (que entrega al Presidente venezolano la facultad de gobernar por decreto por un período de 18 meses) atenta gravemente contra el principio de separación de poderes, amén de que no establece límites claros al ejercicio de las facultades legislativas del Primer Mandatario.

In english

The organizations Article XIX (Global Campaign for Freedom of Expression) and Connected (it works the human rights issue) sent a letter to the President of Brazil Luiz Inacio Lula da Silva asking him to reject three legislative initiatives: the so-called Enabling Act and two amendments to media laws.

Adhering to the position adopted by the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR), these organizations noted that the Enabling Act (which delivers the Venezuelan president the power to rule by decree for a period of 18 months) seriously undermines the principle of separation of powers, in addition to not setting clear limits on the exercise of legislative powers of the Chief Executive.

Descarga la carta completa al Presidente Lula

Este viernes 17 de diciembre, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la discutida “Ley Habilitante” que le permitirá al Presidente Chávez gobernar por decreto durante 18 meses.

El pretexto inicial de esta normativa es atender las necesidades derivadas de las fuertes lluvias que han afectado a Venezuela en el último tiempo.

Sin embargo, la Ley Habilitante incluye nueve áreas que son bastante amplias: atención a las necesidades vitales que se han generado por las lluvias; infraestructura; transporte y servicios públicos; vivienda y hábitat; ordenación territorial, desarrollo integral y uso de la tierra urbana y rural;  financiero y tributario; seguridad ciudadana y jurídica; seguridad y defensa integral; y cooperación internacional y sistema socioeconómico.

Como informamos en una noticia anterior, esta situación ha traído consigo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifieste su preocupación por estimar que esta normativa atenta gravemente contra el principio de separación de poderes y contra la libertad de expresión.

El chileno José Zalaquett —abogado especialista en derechos humanos— ha llegado a decir que “en la Venezuela de hoy, la revolución (o lo que pasa por tal) justifica los medios”.

In english

Venezuela approves Enabling Law

Friday 17 December, the National Assembly of Venezuela approved the controversial “enabling law” that will allow President Chavez to rule by decree for 18 months.

The initial pretext for this policy is to meet the needs resulting from heavy rains that have hit Venezuela in recent times.

However, the Enabling Act includes nine areas that are quite large: attention to the basic needs that have been generated by the rains; infrastructure; transport and public services; housing and use of urban and rural land, financial and taxation; public and legal security, security and defense, and international cooperation and socio-economic system.

As reported in a previous post, this situation has brought to the Inter-American Commission on Human Rights (IACHR) expresses its concern about the view that this legislation seriously undermines the principle of separation of powers and the freedom of expression.

The Chilean, Mr. Jose Zalaquett (human rights lawyer) has said that “in today’s Venezuela, the revolution (or what passes as such) justifies the means”.

Después de manifestar su preocupación por una propuesta presidencial que busca controlar el financiamiento que reciben las ONG’s por concepto de cooperación internacional (ver noticia), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA señaló, el pasado 15 de diciembre, que tres proyectos legales (ley habilitante, ley sobre telecomunicaciones y ley sobre responsabilidad social en radio y televisión) atentan contra los derechos humanos.

La denominada Ley Habilitante “delega en el Ejecutivo la potestad de sancionar leyes durante el plazo de un año. Tanto la norma constitucional como la ley de delegación omiten establecer los límites necesarios para que exista un verdadero control de la facultad legislativa del poder ejecutivo, no existiendo un mecanismo que posibilite una correlación equilibrada del poder público como garantía para la vigencia de los derechos humanos”.

La CIDH estimó grave esta normativa por atentar contra una separación efectiva y no meramente formal de los poderes ejecutivo y legislativo. Un segundo elemento que hace grave este proyecto es que lo amplía a la tipificación de hechos punibles. Y un tercero es que, incluso, permite —mediante disposiciones vagas y ambiguas— el establecimiento de normas sobre telecomunicaciones, lo que se suma a los dos proyectos referidos al área de comunicaciones.

La CIDH concluyó lo siguiente: “[…] estas medidas implican un muy grave retroceso para la libertad de expresión que afecta principalmente a los grupos disidentes y minoritarios que encuentran en Internet un espacio libre y democrático para la difusión de sus ideas. Asimismo, al avanzar sobre la influencia de los medios audiovisuales privados, los proyectos de ley mencionados restringen aún más los espacios de debate público sobre la actuación de las autoridades venezolanas y favorecen a la cada vez más poderosa voz del Estado y las autoridades de gobierno”.

Revisa el contenido completo de la declaración de la CIDH

A través de una declaración pública, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), manifestó su preocupación ante la propuesta del Gobierno de Venezuela de adoptar disposiciones legales a fin de controlar el financiamiento que reciben las organizaciones no gubernamentales por concepto de cooperación internacional.

Señaló: “Según la información recibida, el Presidente Hugo Chávez pidió a la Asamblea Nacional la adopción de una ley que impida el financiamiento internacional de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales”.

Y agregó: “La Comisión expresa su preocupación ante la posibilidad de que se aprueben normas que podrían generar obstáculos a la conformación, independencia y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. En especial, preocupa a la CIDH la posibilidad de que se reactive el Proyecto de Ley sobre Cooperación Internacional aprobado en primera discusión en Cámara Plena en el año 2006. La vaguedad del lenguaje de algunas disposiciones del proyecto y el amplio margen de discrecionalidad que otorga a las autoridades encargadas de reglamentar la ley generan el riesgo de que esta norma sea interpretada de manera restrictiva para limitar el ejercicio de los derechos de asociación, libertad de expresión, participación política e igualdad. Esto afectaría seriamente el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, cuyo rol independiente ha sido fundamental para el fortalecimiento de la democracia venezolana”.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Revisa la declaración completa

A través de un artículo, denominado “Ley contra el racismo y libertad de expresión: Un análisis a la luz de la jurisprudencia de la CIDH”, el abogado boliviano Ramiro Orias —Magíster en Estudios Internacionales, con especialidad en Derecho Internacional y DDHH— cuestiona el contenido de la  Ley “contra el racismo y toda forma de discriminación”. Lo hace a partir del análisis de los artículos 16 y 23 de esta normativa que irían en contra de la Convención Interamericana de Derechos humanos (CIDH), conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”.

El Art 16 de la Ley dispone que las sanciones económicas y suspensión de la licencia de funcionamiento estarán sujetas a reglamentación del Ejecutivo. Esto, según el análisis de Orias, va en contra de la Convención, cuyos criterios de interpretación establecen que estas restricciones  sólo pueden ser materia de Ley.

Por su parte, el artículo 23 de la Ley establece que los delitos de racismo tendrán como agravante penal de uno a cinco años “cuando el hecho sea cometido por un trabajador de un medio o un propietario sin que pueda alegar inmunidad o fuero alguno”. Esto también contradice los criterios de interpretación de la CIDH, porque “la sanción de delitos de ofensa a personas o grupos de personas, deberá ser siempre mediante una indemnización fijada en la vía civil”.

El análisis completo del abogado Orias puedes descargarlo en formato PDF

Este documento es un artículo del abogado boliviano Ramiro Orias —Magíster en Estudios Internacionales, con especialidad en Derecho Internacional y DDHH— en que cuestiona el contenido de la  Ley “contra el racismo y toda forma de discriminación”. Lo hace a partir del análisis de los artículos 16 y 23 de esta normativa que irían en contra de la Convención Interamericana de Derechos humanos (CIDH), conocida como “Pacto de San José de Costa Rica”.

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