Democracia Activa

Después de manifestar su preocupación por una propuesta presidencial que busca controlar el financiamiento que reciben las ONG’s por concepto de cooperación internacional (ver noticia), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA señaló, el pasado 15 de diciembre, que tres proyectos legales (ley habilitante, ley sobre telecomunicaciones y ley sobre responsabilidad social en radio y televisión) atentan contra los derechos humanos.

La denominada Ley Habilitante “delega en el Ejecutivo la potestad de sancionar leyes durante el plazo de un año. Tanto la norma constitucional como la ley de delegación omiten establecer los límites necesarios para que exista un verdadero control de la facultad legislativa del poder ejecutivo, no existiendo un mecanismo que posibilite una correlación equilibrada del poder público como garantía para la vigencia de los derechos humanos”.

La CIDH estimó grave esta normativa por atentar contra una separación efectiva y no meramente formal de los poderes ejecutivo y legislativo. Un segundo elemento que hace grave este proyecto es que lo amplía a la tipificación de hechos punibles. Y un tercero es que, incluso, permite —mediante disposiciones vagas y ambiguas— el establecimiento de normas sobre telecomunicaciones, lo que se suma a los dos proyectos referidos al área de comunicaciones.

La CIDH concluyó lo siguiente: “[…] estas medidas implican un muy grave retroceso para la libertad de expresión que afecta principalmente a los grupos disidentes y minoritarios que encuentran en Internet un espacio libre y democrático para la difusión de sus ideas. Asimismo, al avanzar sobre la influencia de los medios audiovisuales privados, los proyectos de ley mencionados restringen aún más los espacios de debate público sobre la actuación de las autoridades venezolanas y favorecen a la cada vez más poderosa voz del Estado y las autoridades de gobierno”.

Revisa el contenido completo de la declaración de la CIDH

Este 9 de diciembre se celebra el denominado “Día internacional contra la corrupción”, fecha decretada por resolución de las Naciones Unidas de 2003 que, a su vez, estableció la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Dicha convención establece, entre otras medidas, la obligación de “rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos” (Art. 1º).

Esta Convención es sumamente relevante para nuestra red DEMOCRACIA aCTIVA que promueve los derechos de acceso a la información pública y de participación ciudadana. En este sentido, su Art. 10 establece: “Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda”.

Este instrumento fue, precisamente, una de las fuentes internacionales que han inspirado la dictación, en varios países de la Región, de leyes de transparencia y acceso a la información pública, como los casos de México, Perú, Chile, entre otros.

Esta normativa es una herramienta esencial para las organizaciones de la sociedad civil, ya que mediante ella pueden obtener información relevante que se encuentra en manos de los órganos públicos.

Luego, el Art. 13 Nº 1 de la Convención consagra el derecho a la participación ciudadana: “Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa”. Y luego agrega que esta participación debe reforzarse con el aumento de la transparencia y con la contribución de la ciudadanía en los procesos de decisiones.

Democracia Activa adhiere a la conmemoración de este día, saludando a todos los organismos internaciones y nacionales encargados de implementar los compromisos suscritos por los estados. Y, muy especialmente, a las organizaciones de la sociedad civil que se esfuerza por hacer valer los derechos de acceso a la información y de participación en los asuntos públicos.

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