Democracia Activa

Fuente: Los Tiempos.com

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas (MAS), informó que la próxima semana se reunirá esta instancia parlamentaria para reanudar el trabajo sobre la elaboración de una norma de regulación de Organismos No Gubernamentales (ONG) que operan en el país.

Para iniciar este trabajo, dijo que se convocará al canciller David Choquehuanca y la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, a la Comisión para que proporcionen información sobre las organizaciones que existen en el país.

Rojas afirmó que se debe conocer con precisión cuántas ONG operan en el país. “Se ha decidido continuar con la investigación, en la primera sesión vamos a hacer la convocatoria a los dos ministros, tenemos una lista de 16 pero muchas no enviaron sus documentos”, señaló Rojas.

El día jueves 10 de noviembre, con el auspicio de la Fundación CONSTRUIR y la asistencia técnica del Centro Internacional para el Derecho No Lucrativo (ICNL), se realizó en la ciudad de  La Paz el taller de análisis “Derecho de Asociación: marco legal para la sociedad civil organizada“, con el objetivo de generar un espacio de encuentro, reflexión y debate entre representantes  de redes y organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, en relación al entorno legal para la sociedad civil en Bolivia, así como las garantías, desafíos y oportunidades, en el momento actual.

Se tomó en consideración diversas prácticas y obstáculos que enfrentan las OSCs/ ONGs, generalmente como consecuencia de su labor de promoción y protección de los derechos humanos: 1) Restricciones administrativas y legales, así como prácticas burocráticas discriminatorias o dilatorias; 2) Campañas de difamación, estigmatización y descalificaciones públicas; 3) Judicialización, punitiva y fiscal; y 4) Amenazas, intimidación, hostigamientos, que generalmente quedan sin protección.

Estas restricciones impuestas sobre la actividad de la sociedad civil organizada pueden afectar valores esenciales para la construcción de una sociedad democrática y plural, debilitando la participación ciudadana informada y el debate critico en la toma de decisiones sobre las políticas públicas.

Luego de un amplio análisis de la coyuntura nacional, así como la identificación de los principales desafíos para la sociedad civil organizada del país, como conclusión se anotó que el marco legal de las organizaciones civiles en Bolivia debe basarse en los siguientes principios y estándares internacionales:

1.- Derecho de Asociación.-  La creación y conformación de organizaciones civiles, sean asociaciones y fundaciones, sean con personalidad jurídica reconocida o de hecho, son una realización del derecho fundamental de asociación que tienen todas las personas para promover, ejercer y proteger intereses públicos legítimos; en consecuencia este derecho es indisoluble al ejercicio colectivo de los derechos de libre expresión, acceso a la información y participación en las políticas públicas.

2.- Interés Público.- Las organizaciones civiles que trabajan por el interés público, se caracterizan por constituir entidades privadas, sin fines de lucro, que persiguen el beneficio público, tales como la salud, educación, medio ambiente, los derechos humanos y el desarrollo de la ciudadanía plena. Es decir son organizaciones que promueven  políticas públicas en favor de la sociedad y de la atención de necesidades colectivas de grupos sociales con carestías especiales, así como aquellas que con su labor contribuyen al bien común, y no solamente el beneficio mutuo entre sus miembros.

3.- Libertad contractual.- Las organizaciones civiles se fundan en la voluntad de sus miembros, por lo que las asociaciones y fundaciones determinan independientemente y por sí mismas, cada una de ellas, su finalidad, objeto y estructura, así como el ámbito de sus acciones, siempre que sean lícitas; por lo que constituye un espacio democrático, plural y autónomo.

4.- Autonomía institucional.- La autonomía en la gestión institucional es la base del derecho a auto-regular su funcionamiento, conforme a sus propias normas. En ese marco no gubernamental, son las propias organizaciones civiles que deben asumir el desafío de su reforzamiento interno en relación a su gobierno corporativo, sus sistemas de rendición de cuentas, publicidad y transparencia.  Para ello, el mismo sector deberá promover buenas prácticas y establecer sistemas de certificación y acreditación de estándares mínimos de buen gobierno institucional de las organizaciones civiles, así como códigos de conducta internos y el establecimiento de contenidos mínimos en los estatutos que prevengan los conflictos de intereses.

5.- Responsabilidad.- Los representantes de las organizaciones civiles son responsables por los resultados de su gestión ante sus asociados, instituyentes, patrocinadores, donantes y beneficiarios. En el caso de administrar recursos públicos o de la asistencia oficial al desarrollo, estarán sometidos a la fiscalización y control de las entidades del Estado que correspondan.

6.- Legalidad.- El principio de licitud de sus actividades, sujeta el registro y funcionamiento de las organizaciones civiles al cumplimiento de la ley y regulaciones administrativas, tanto en lo técnico, administrativo como en lo fiscal, impositivo  y laboral; por lo que los sistemas de control y supervisión estatal deberá ser establecidos por Ley, con plazos fijos y razonables, procedimientos simples, requisitos ciertos, no discriminatorios ni discrecionales; de tipo aleatorio y no selectivo, estableciéndose procedimientos y vías independientes  de revisión, impugnación y apelación de aquellas decisiones que denieguen de manera infundada solicitudes de las organizaciones civiles.

7.- Ausencia de lucro.- Dada la naturaleza no lucrativa de las organizaciones civiles de beneficio público, la totalidad de sus ingresos, excedentes o utilidades deben destinarse a los fines sociales establecidos, no pudiendo ser distribuidos entre sus asociados, ni siquiera en el caso de disolución y liquidación. Bajo ese marco, las organizaciones civiles para su auto-sostenibilidad podrán generar ingresos propios y realizar la prestación de servicios remunerados, beneficiándose de las exenciones tributarias que correspondan. Asimismo, se hace necesario promover la filantropía nacional mediante incentivos fiscales.

8.- Colaboración inclusiva y eficaz.- Con el fin de optimizar recursos y esfuerzos, conforme a la Declaración de París y el Plan de Acción de Accra se hace necesario construir relaciones colaborativas, más inclusivas y eficaces entre donantes, gobiernos, sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

Fundación CONSTRUIR y la Red Hemisférica “Democracia Activa” en el marco del proyecto “Participación de la Sociedad Civil en los Procesos de Cumbres de las Américas”, han elaborado el informe nacional preliminar sobre el Seguimiento Gubernamental a los Mandatos y Compromisos asumidos en las Cumbres de las Américas. Dicho informe es el resultado de un proceso de consulta desarrollado hacia líderes de opinión, expertos  y representantes de la sociedad civil durante los meses julio y agosto de 2011, en función a un Índice de Evaluación y Seguimiento Gubernamental (IECG), aplicado simultáneamente en 21 países de Latinoamérica.

Con el ánimo de dar a conocer el contenido de este informe y promover un espacio de análisis y discusión sobre sus resultados el día jueves 29 de septiembre se realizó la  “mesa – Trabajo Seguimiento Ciudadano a Cumbres Hemisféricas”, con el objetivos de presentar,  analizar y validar los resultados preliminares del Informe Nacional de seguimiento ciudadano a los compromisos gubernamentales asumidos en la Cumbres Hemisféricas, así como de recoger propuestas en cuatro áreas de la agenda democrática: a) Descentralización y gobiernos locales; b) Acceso a la información pública, c) Libertad de expresión y d) Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil.

El evento se inicio con las palabras de apertura y explicación de la metodología empleada a cargo de Ramiro Orias, Director de CONSTRUIR y Coordinador nacional del proyecto regional; luego el Embajador Enrique Reina, Representante de la OEA en Bolivia explicó el avance del proceso preparatorio de la próxima Cumbre Hemisférica a realizarse en la ciudad de Cartagena, Colombia, en abril del 2012, informando que bajo el lema Conectando las Américas – socios para la prosperidad, enfocara sus debates en delinear una hoja de ruta con relación a la pobreza, desastres naturales, seguridad pública, integración vial  y cooperación solidaría; todos temas de la agenda interamericana. Luego, la Dra. Moira Vargas, hizo una exposición y presentación del Informe Nacional, haciendo un balance de las normas y políticas que en los últimos dos años a asumido el país de frente a cumplir los mandatos anteriores en las cuatro áreas señaladas. Finalmente, el Lic. Marcelo Zambrana, Jefe de la Unidad de Política Internacional de la Dirección General de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores dio las palabras de cierre del evento, destacando la importancia y necesidad de abrir espacios de diálogo con la sociedad civil.

Entre las principales propuestas con las que se concluyo, se tienen:

En materia de Descentralización y gobiernos locales, se recomendó la necesidad que las cancillerías faciliten procesos más fluidos de intercambios de experiencias y capacidades en la gestión territorial entre entidades de nivel sub nacional, tanto intermedias como municipales, y particularmente, la importancia de promover un mayor diálogo horizontal entre autonomías indígenas pares, en aquellos países donde se están gestando estos procesos.

También se observó la necesidad de relanzar los procesos de descentralización de la gestión regional y local, ya que existe una tendencia a delegar mayores competencias, pero con menos recursos; por lo que se hace necesario un pacto fiscal entre todos los actores, a fin de construir una visión compartida del proceso autonómico.

En relación al fortalecimiento de la participación de la sociedad civil, se sugirió que en contexto de descentralización era necesario –en vez de normas nacionales homogéneas y uniformes- se faciliten la creación de marcos locales que establezcan mecanismos de participación ciudadana,  adecuados a las particularidades y prácticas culturales de cada región. Este criterio debería de ser tomado en cuenta en la próxima Ley de Control Social y Participación, aun pendiente de aprobación.

Se recomendó de manera específica, que en el caso de proyectos de integración física regional, cuando afecten territorios donde habitan poblaciones indígenas, se cumpla con los procesos de  consulta previa, libre e informada, conforma los estándares internacionales establecidos en el sistemas interamericano de derechos humanos.

También se sugirió que los compromisos sobre libertad de expresión y acceso a la información pública, deberían hacer parte de un marco más general sobre Derecho a la Comunicación, que garantice el ejercicio de ambos, ya que sin información no puede haber libertas de expresión, y a la inversa. Se llamo la atención sobre los continuados y repetidos actos de hostigamiento y agresión a periodistas, así como la necesidad de que se concierte y apruebe la Ley de acceso a la información, también pendiente por varios años en el país.

Fundación CONSTRUIR y la Red Hemisférica “Democracia Activa” en el marco del proyecto “Participación de la Sociedad Civil en los Procesos de Cumbres de las Américas”, han elaborado el informe nacional preliminar sobre el Seguimiento Gubernamental a los Mandatos y Compromisos asumidos en las Cumbres de las Américas. Dicho informe es el resultado de un proceso de consulta desarrollado hacia líderes de opinión, expertos  y representantes de la sociedad civil durante los meses julio y agosto de 2011, en función a un Índice de Evaluación y Seguimiento Gubernamental (IECG), aplicado simultáneamente en 21 países de Latinoamérica.

Con el ánimo de dar a conocer el contenido de este informe y promover un espacio de análisis y discusión sobre sus resultados el día jueves 29 de septiembre se realizó la  “mesa – Trabajo Seguimiento Ciudadano a Cumbres Hemisféricas”, con el objetivos de presentar,  analizar y validar los resultados preliminares del Informe Nacional de seguimiento ciudadano a los compromisos gubernamentales asumidos en la Cumbres Hemisféricas, así como de recoger propuestas en cuatro áreas de la agenda democrática: a) Descentralización y gobiernos locales; b) Acceso a la información pública, c) Libertad de expresión y d) Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil.

El evento se inicio con las palabras de apertura y explicación de la metodología empleada a cargo de Ramiro Orias, Director de CONSTRUIR y Coordinador nacional del proyecto regional; luego el Embajador Enrique Reina, Representante de la OEA en Bolivia explicó el avance del proceso preparatorio de la próxima Cumbre Hemisférica a realizarse en la ciudad de Cartagena, Colombia, en abril del 2012, informando que bajo el lema Conectando las Américas – socios para la prosperidad, enfocara sus debates en delinear una hoja de ruta con relación a la pobreza, desastres naturales, seguridad pública, integración vial  y cooperación solidaría; todos temas de la agenda interamericana. Luego, la Dra. Moira Vargas, hizo una exposición y presentación del Informe Nacional, haciendo un balance de las normas y políticas que en los últimos dos años a asumido el país de frente a cumplir los mandatos anteriores en las cuatro áreas señaladas. Finalmente, el Lic. Marcelo Zambrana, Jefe de la Unidad de Política Internacional de la Dirección General de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores dio las palabras de cierre del evento, destacando la importancia y necesidad de abrir espacios de diálogo con la sociedad civil.

Entre las principales propuestas con las que se concluyo, se tienen:

En materia de Descentralización y gobiernos locales, se recomendó la necesidad que las cancillerías faciliten procesos más fluidos de intercambios de experiencias y capacidades en la gestión territorial entre entidades de nivel sub nacional, tanto intermedias como municipales, y particularmente, la importancia de promover un mayor diálogo horizontal entre autonomías indígenas pares, en aquellos países donde se están gestando estos procesos.

También se observó la necesidad de relanzar los procesos de descentralización de la gestión regional y local, ya que existe una tendencia a delegar mayores competencias, pero con menos recursos; por lo que se hace necesario un pacto fiscal entre todos los actores, a fin de construir una visión compartida del proceso autonómico.

En relación al fortalecimiento de la participación de la sociedad civil, se sugirió que en contexto de descentralización era necesario –en vez de normas nacionales homogenizantes y uniformes- se faciliten la creación de marcos locales que establezcan mecanismos de participación ciudadana,  adecuados a las particularidades y prácticas culturales de cada región. Este criterio debería de ser tomado en cuenta en la próxima Ley de Control Social y Participación, aun pendiente de aprobación.

Se recomendó de manera específica, que en el caso de proyectos de integración física regional, cuando afecten territorios donde habitan poblaciones indígenas, se cumpla con los procesos de  consulta previa, libre e informada, conforma los estándares internacionales establecidos en el sistemas interamericano de derechos humanos.

También se sugirió que los compromisos sobre libertad de expresión y acceso a la información pública, deberían hacer parte de un marco más general sobre Derecho a la Comunicación, que garantice el ejercicio de ambos, ya que sin información no puede haber libertas de expresión, y a la inversa. Se llamo la atención sobre los continuados y repetidos actos de hostigamiento y agresión a periodistas, así como la necesidad de que se concierte y apruebe la Ley de acceso a la información, también pendiente por varios años en el país.

La Secretaría General de la OEA, el Centro de Estudios para el Desarrollo de Chile (CED) y FLACSO- Ecuador, con el apoyo del Open Society Institute, organizaron  la  reunión preparatoria rumbo al Tercer encuentro  de Ministros de Seguridad Pública de las Américas (MISPA III). El evento congregó a 25 organizaciones de la sociedad civil en Quito, Ecuador desde el 16 al 18 de agosto de 2011.

El evento reunió a representantes de  Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, EEUU, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela,   con el propósito de contribuir a la agenda regional de seguridad pública que impulsa la OEA  a través de propuestas concretas para la acción desde la perspectiva de la sociedad civil y los derechos humanos.

El objetivo  central de la reunión fue el  análisis  del rol  que la sociedad civil ha tenido en la agenda de seguridad pública regional y cómo se puede fortalecer el vínculo entre sociedad civil con los gobiernos nacionales y organismos multilaterales. El temario abordado en los grupos de trabajo  se relacionó con la gerencia y gestión pública de la seguridad, gestión policial, sistema penitenciario. Por otro lado, se abordaron  los desafíos que enfrenta la agenda de seguridad pública en la región desde la perspectiva de los derechos humanos, civiles y ciudadanos.

Otro tema  de discusión fue los avances de  la agenda de trabajo comprometida por las autoridades ministeriales en materia de seguridad pública en la región. Las recomendaciones que resultaron  de esta reunión serán insumos para la MISPA III. Se destacó la necesidad de generar políticas públicas integrales de seguridad, respetuosas de los derechos humanos. También la necesidad de avanzar el regímenes de rendición de cuentas, transparencia y acceso público a la información sobre la gestión de las policías, así como la importancia de incrementar la participación ciudadana en el sistema de seguridad pública, como una forma de control democrático y civil.

Ramiro Orías, Director de la Fundación Construir y representante por  Bolivia en la reunión organizada en Quito, mencionó  que  actualmente en nuestros países la necesidad de incorporar programas de prevención de la violencia de género, tanto a nivel de los sistemas de policía, como a nivel de los Gobierno locales es un problema latente. En ese mismo sentido,  la contra-reforma penal a partir de los discursos de seguridad ciudadana en vulneración de las garantías constitucionales, ha llevado a usar excesiva y arbitrariamente la detención preventiva, generando una situación de hacinamiento en las cárceles. Cabe resaltar la necesidad de que se incorporen mecanismos de seguimiento y evaluación de los procesos de reforma del sistema de seguridad pública.

La Tercera Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública se llevará a cabo el 17 y 18 de noviembre de 2011 en Puerto España, Trinidad y Tobago.  El  desafío de este evento estará en torno a uno de los pilares del Compromiso por la Seguridad Pública en las Américas, en particular el enfoque de la gestión policial. Asimismo el evento constituirá  herramientas necesarias para completar los esfuerzos de las autoridades políticas para enfrentar los desafíos que plantean la violencia, la delincuencia y la inseguridad.

Fundación Construir —organización civil boliviana sin fines de lucro, socia de de nuestra red— dedicó el número de marzo de su boletín informativo a las temáticas de violencia intrafamiliar, violencia de género, reforma penal y detención preventiva, entre otras.

Estas temáticas se explican, porque Fundación Construir, además de trabajar en las áreas de derechos indígenas, libertad de expresión, derecho a la identidad, derechos de asociación y derecho de participación ciudadana, lo hace en las de violencia de género, violencia escolar, acceso a la justicia y reforma procesal penal.

Descarga el boletín informativo de Fundación Construir correspondiente a marzo

In English

Bolivia: Appears Building Foundation Newsletter

Building Foundation —civil organization bolivian non profit, member of our alliance— dedicated the March issue of their newsletter to the issues of domestic violence, gender violence, penal reform and custody, among others.

These issues are explained, because Foundation Building, as well as working in the areas of indigenous rights, freedom of expression, right to identity, rights of association and right of citizen participation, it is in the gender-based violence, school violence, access to justice and criminal procedure reform.

Organizaciones de la región andina, como el IDL de Perú, CIDES de Ecuador, De Justicia de Colombia y la Fundación CONSTRUIR de Bolivia, junto a la Fundación para el Debido Proceso Legal, así como con la participación de organizaciones indígenas y afros, el día martes 29 de abril, se presentaron en una audiencia regional ante  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitarle que obligue a los Estados a que respeten el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y afro descendientes al considerar la explotación de recursos naturales con fines comerciales.

Representantes de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia expusieron sobre las violaciones a este derecho que sufren a diario las comunidades indígenas de sus países y señalaron la falta de voluntad política de los Estados para darle mayor atención al tema. Le pidieron a la CIDH que recomiende a los Estados que aprueben leyes para regular este derecho y que le indiquen la necesidad de monitorear de más cerca las actividades extractivas de las empresas privadas asegurándose que estas se hagan en el marco de un respeto a los derechos de los pueblos indígenas.

Al final del 141º Periodo de sesiones, el comunicado público de la CIDH de la OEA, resaltó la preocupación de “la Comisión por los desplazamientos forzosos que en muchos países de la región están ocurriendo como consecuencia de la construcción de mega represas y la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y afro descendientes, lo cual en muchos casos pone en riesgo la supervivencia de esos pueblos. En este sentido, la CIDH urge a los Estados a adoptar medidas para superar los obstáculos que impiden el pleno ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de las poblaciones indígenas y afro descendientes sobre decisiones que afecten sus territorios”.

En la audiencia se recibieron valoraciones sobre los principales obstáculos fácticos y normativos que impiden un pleno ejercicio del derecho a la consulta previa, libre e informada de las poblaciones indígenas y afro descendientes en países de la región andina. En este respecto, la CIDH recuerda que la garantía del derecho a la propiedad de los pueblos indígenas sobre sus tierras y los recursos naturales allí presentes es una de las bases fundamentales para la integridad y la supervivencia económica de las comunidades indígenas, el desarrollo de su cultura, y la preservación de su vida espiritual.

Las organizaciones indicaron que en los cuatro países, los gobiernos han otorgado concesiones, sin consulta previa, para la realización de proyectos de infraestructura o de explotación de recursos naturales (hidrocarburos, minería, maderas) en territorios indígenas o de comunidades afro-descendientes. Asimismo, denunciaron la falta de voluntad política para respetar y garantizar el derecho fundamental a la consulta previa.

Las organizaciones pidieron a la CIDH que exhorte a los Estados a aprobar leyes generales de consulta previa; a revisar las concesiones otorgadas en territorios indígenas o de comunidades afro-descendientes, sin consulta previa y a considerar que cuando las comunidades estén en riesgo de extinción, como ocurre en Colombia, se requiere no solo consultar sino obtener el consentimiento de los pueblos. En la audiencia se presentó el informe El derecho a la consulta previa, libre e informada. La situación de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, elaborado por DPLF a solicitud de OXFAM.

http://www.dplf.org/uploads/1301596126.pdf

In English

Organizations of the Andean region of Peru as IDL, CIDES of Ecuador, Colombia’s justice and the foundation built in Bolivia, together with the Foundation for Due Process of Law, and with the participation of indigenous and Afro, the day Tuesday 29 April, were presented at a regional hearing before the Commission on Human Rights (IACHR) to request that requires States to respect the right to consultation with indigenous and black peoples to consider the exploitation of natural resources for commercial.

Representatives of Bolivia, Ecuador, Peru and Colombia spoke about the violations of this right that suffer daily indigenous communities of their countries and noted the lack of political will of States to give greater attention to the issue. Asked the Commission to recommend to the States to adopt laws to regulate this right and to indicate the need for closer monitoring of mining activities of private enterprises assure they are made in the context of respect for the rights of indigenous peoples.

At the end of the 141 ° period of sessions, the public announcement of the IACHR of the OAS, highlighted the concern of “the Commission forced displacement in many countries of the region are occurring as a result of the construction of mega dams and the exploitation of natural resources in indigenous and African descent, which in many cases threatens the survival of these peoples. In this regard, the Commission urges States to take measures to overcome the obstacles that impede the full exercise of the right to free, prior and informed participation of indigenous and Afro-descendant populations on decisions affecting their territories.”

The hearing received ratings on the main factual and regulatory obstacles impeding the full exercise of the right to free, prior and informed participation of indigenous and black populations in countries of the Andean region. In this regard, the Commission recalls that the guarantee of property rights of indigenous peoples to their lands and natural resources present there is an essential foundation for the integrity and economic survival of indigenous communities, the development of culture, and preservation of their spiritual life.

The organizations indicated that in the four countries, governments have granted concessions, without consultation, to carry out infrastructure projects or the exploitation of natural resources (oil, mining, timber) in indigenous or Afro-descendants. They also denounced the lack of political will to respect and guarantee the fundamental right to prior consultation.

The organizations asked the Commission to urge States to enact general laws prior consultation to review the concessions granted in indigenous or Afro-descendants, without prior consultation and to consider that when communities are at risk of extinction, as occurs in Colombia, is required not only consult but to obtain the consent of the people. At the hearing, they introduced the report “The right to free, prior and informed. The situation in Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru”, prepared by OXFAM DPLF upon request.

http://www.dplf.org/uploads/1301596126.pdf