Democracia Activa

Chile- Durante el 2011, la desconfianza de los chilenos sobre el sector público aumentó considerablemente según la Encuesta Nacional de Transparencia que realiza año tras año e Consejo para la Transparencia.

Participa como corporación privada, pluralista y no partidaria que promueve fines públicos, buscamos contribuir al conocimiento, difusión, respeto y ejercicio de los valores democráticos y derechos fundamentales, por lo que esta encuesta tiene un valor fundamental para seguir trabajando en pos de la transparencia pública.

Según los resultados expresados en la encuesta, un 84% de los chilenos desconfían de las instituciones públicas, factor base a la hora el reconocimiento con el Estado, mientras que el 2010 sólo alcanzó a un 59,5%. Sin embargo, un 64,8% alcanzó la percepción de ocultamiento de información, un 17% menos que el año anterior con un 81,8%.

El presidente del Consejo para la Transparencia, Alejandro Ferreiro, sostuvo que las cifras son preocupantes y espera que la Ley de Transparencia disminuya estas cifras. Recalcó también, el derecho fundamental de los chilenos al acceder a la información pública y sus mecanismos para ello.

“Este es un derecho que tienen todos los chilenos, no como se señala en la encuesta en que algunos creen que es algo reservado sólo para un segmento de l población, y en el Consejo ampara los reclamos de todos los chilenos, afirmó.

Dejamos dos encuestas:

Estudio Nacional de Transparencia 2011

Encuesta Nacional de Posicionamiento y Satisfacción de Clientes 2010

Fuente: Consejo para la Transparencia

Fuente: Los Tiempos.com

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, Eugenio Rojas (MAS), informó que la próxima semana se reunirá esta instancia parlamentaria para reanudar el trabajo sobre la elaboración de una norma de regulación de Organismos No Gubernamentales (ONG) que operan en el país.

Para iniciar este trabajo, dijo que se convocará al canciller David Choquehuanca y la ministra de Planificación del Desarrollo, Viviana Caro, a la Comisión para que proporcionen información sobre las organizaciones que existen en el país.

Rojas afirmó que se debe conocer con precisión cuántas ONG operan en el país. “Se ha decidido continuar con la investigación, en la primera sesión vamos a hacer la convocatoria a los dos ministros, tenemos una lista de 16 pero muchas no enviaron sus documentos”, señaló Rojas.

Mientras en otros países se discuten temas como la publicación o no de datos personales que induzcan a comportamientos discriminatorios, en Venezuela todavía se permite que un funcionario público se niegue a ofrecer información sobre la institución a la que presta servicios.

No solo se le oculta al ciudadano información tan importante como, el registro electoral permanente, cifras de muertes registradas anualmente, recursos designados a una obra determinada, sino que las solicitudes emitidas a los organismos públicos que, constitucionalmente deben ser respondidas a los 20 días continuos, se quedan archivadas sin esperanza de que se devuelva la información requerida. Y peor aún, sin que se emita sanción alguna contra quien se niegue a responder.

La Coalición Proacceso, movimiento promotor del acceso a la información en Venezuela tiene en su historial el envío de cientos de peticiones de información pública de las cuales solo son respondidas menos del 10%. Este escenario no ha cambiado a través de los últimos años, y son muy pocas las instancias gubernamentales que han acatado el llamado de la transparencia en sus gestiones, instando a que sean los mismos ciudadanos quienes ejerzan el rol de contralor, reduciéndose así los riesgos de corrupción.

Las acciones que ejerce el Estado venezolano ratifican sistemas menos transparentes, menos necesidad de difusión y mayor discrecionalidad, muestra de ello es la creación del CESNA Centro de Estudio Situacional de la Nación el cual representa un filtro más por el cual será absorbida la información pública que debe llegar a la ciudadanía.

Esta, adicional a la aprobación de la Normativa de Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública, son trabas  que han venido obstaculizando las acciones promovidaspor organizaciones, sociedad civil y algunas individualidades que promueven el derecho a saber.

En este sentido, la Coalición Proacceso hace un llamado a la Asamblea Nacional para que se derogue, tanto el  Decreto Presidencial Nº 7.454 que ratifica la creación del CESNA, como la nulidad de esta normativa aprobada en fecha 22 de octubre de 2010 y publicada en la Gaceta Oficial número 382.124, ya que ambas atentan contra las libertades informativas promoviendo la opacidad y limitando la participación ciudadana.

Una Ley por el derecho a Saber

Cada 28 de septiembre se conmemora en el mundo entero el DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO A SABER, y es grato afirmar que Venezuela, este año, tiene una razón para celebrar. Aún cuando nos encontramos en una posición muy distante del resto de los países latinoamericanos, en materia de acceso a la información, estamos cada vez mas cerca de escalar hacia el eslabón de los países que cuentan con una Ley que establece parámetros de gobernabilidad basados en principios de publicidad y participación ciudadana a través de la información.

El pasado 31 de marzo fue presentado ante la Asamblea Nacional un Proyecto de Ley Orgánica de Transparencia y Acceso  a la Información Pública. La iniciativa la tuvo un grupo de diputados de la Comisión de Contraloría, quienes han participado además en diferentes actividades de promoción y consulta de este importante instrumento legal.

Muchos se preguntarán ¿qué cambiaría en el país de aprobarse una ley de este tipo? La respuesta ya se hace evidente en regiones donde han sido aprobadas leyes y ordenanzas de acceso a la información que se han venido acatando, tanto por sus gobernantes, como por sus ciudadanos. Ejemplo de ello son los municipios Maneiro, Los Salias, Chacao, Baruta, Macanao, San Diego y el área metropolitana de Caracas. Asimismo los estados Zulia, Lara, Nueva Esparta, Miranda y Anzoátegui también han discutido en sus consejos legislativos la importancia del derecho a saber.

El objetivo de un instrumento legal que regule el derecho a acceder a información, es hacer posible el control ciudadano de la gestión pública por medio de la publicidad, transparencia y rendición de cuentas por parte de los entes que ejerzan el poder público o privados que manejen obras y servicios con asignaciones del Estado.

Proacceso cuenta con capítulos en las regiones de Zulia, Mérida, Trujillo, Carabobo, Bolívar y Nueva Esparta que han venido promoviendo el ejercicio del derecho a través de actividades en conjunto con legisladores, académicos, profesionales en diversas áreas y directamente con la comunidad. Actualmente, en Carabobo, ya se tiene todo listo para la presentación de un Proyecto de Ordenanza de Transparencia y Libre Acceso a la Información Pública ante el Concejo Municipal Bolivariano de Valencia. De igual forma, en distintas regiones del país se estarán presentando solicitudes de información que se espera sean respondidas en el lapso establecido por ley.

Resulta cada vez más importante que la colectividad se sume a estas acciones y participe elaborando peticiones de información. Accediendo a la web www.proacceso.org.ve pueden seguirse unos sencillos pasos para la elaboración de la carta y el envío de la misma. Ser miembro de Proacceso significa comprometerse con la lucha por la defensa del derecho a saber y colaborar impulsándolo desde su ámbito de acción.

Un primer paso puede ser la difusión en twitter de nuestros mensajes  por el Día del Derecho a Saber siguiendo la cuenta  @proacceso y compartiendo las actividades que se estarán desarrollando en el mundo enmarcadas en la celebración de esta fecha internacional tan importante.

Fundación Pro-Acceso y Corporación Participa de Chile acaban de publicar un estudio denominado “Barreras de Acceso a la Información Pública”.

Este estudio da cuenta de algunas “barreras formales que tienen las personas para ingresar de manera efectiva una solicitud de acceso a la información, tanto por vía electrónica como de manera presencial”.

Este trabajo abarcó a 169 organismos, revelando que sólo en el 47% de los casos la solicitud se pudo hacer por vía electrónica. Este porcentaje baja notoriamente en regiones, llegando a un 40%.

Las principales barreras que detectó el estudio son las siguientes: a) problemas con el link de activación de correo electrónico (21, 3 %), b) se solicitan datos opcionales como obligatorios (16, 0 %), c) se solicita entregar RUT (13, 6 %), d) se solicita indicador de región en que se vive (6, 5 %), y e) no permite registrarse (4, 1 %).

María Inés De Ferrari, Directora Ejecutiva de Corporación Participa, señaló a nuestro medio: “Las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en materia de transparencia, instamos constantemente a la ciudadanía a utilizar las herramientas que la ley de acceso a la información pública entrega. Sin embargo, cuando las personas se encuentran con estas con este tipo de barreras, además del desincentivo que ello les produce, tienden a cuestionar el funcionamiento de la Administración Pública en general.  Por eso, hacemos un llamado a los organismos públicos a redoblar esfuerzos para hacer más expedito el ejercicio del derecho de acceso a la información pública”.

Descarga el estudio en formato PDF

In English:

Chilean Organizations published a report on Access to Public Information Barriers.

In Chile Fundación Pro-Acceso and Corporación Participa, have just published a study entitled “Access to Public Information Barriers.”

This study reports some of the “formal electronically or in person barriers that people have when they enter an application for access to information”

This work covered 169 bodies, revealing that only in 47% of cases the application could be done electronically. This percentage drops dramatically in regions, reaching a 40%.

The main barriers the study identified are: a) problems with the link e-mail activation (21, 3%), b) is requested optional and mandatory data (16, 0%), c) requested to deliver RUT (ID) (13, 6%), d) they request the indicator of the region in which you live (6, 5%), and e) not allowed to register (4, 1%).

María Inés De Ferrari, Executive Director of Corporación Participa, said: “The civil society organizations that work on transparency, constantly urge the public to use the tools that the law on access to public information delivery. However, when people are faced with these types of barriers, in addition to the disincentive that causes them, tend to question the functioning of public administration in general. Therefore, we call on government agencies to redouble efforts to expedite the exercise of the right of access to public information.”

Download the study in PDF format

Este 9 de diciembre se celebra el denominado “Día internacional contra la corrupción”, fecha decretada por resolución de las Naciones Unidas de 2003 que, a su vez, estableció la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Dicha convención establece, entre otras medidas, la obligación de “rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos” (Art. 1º).

Esta Convención es sumamente relevante para nuestra red DEMOCRACIA aCTIVA que promueve los derechos de acceso a la información pública y de participación ciudadana. En este sentido, su Art. 10 establece: “Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda”.

Este instrumento fue, precisamente, una de las fuentes internacionales que han inspirado la dictación, en varios países de la Región, de leyes de transparencia y acceso a la información pública, como los casos de México, Perú, Chile, entre otros.

Esta normativa es una herramienta esencial para las organizaciones de la sociedad civil, ya que mediante ella pueden obtener información relevante que se encuentra en manos de los órganos públicos.

Luego, el Art. 13 Nº 1 de la Convención consagra el derecho a la participación ciudadana: “Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta representa”. Y luego agrega que esta participación debe reforzarse con el aumento de la transparencia y con la contribución de la ciudadanía en los procesos de decisiones.

Democracia Activa adhiere a la conmemoración de este día, saludando a todos los organismos internaciones y nacionales encargados de implementar los compromisos suscritos por los estados. Y, muy especialmente, a las organizaciones de la sociedad civil que se esfuerza por hacer valer los derechos de acceso a la información y de participación en los asuntos públicos.

Descargar “Resumen sobre el acceso a información pública en Bolivia” (zip)