La Comisión de Contraloría, a petición de su presidente Pedro Carreño, (PSUV), abrirá una investigación a las ONG Transparencia Venezuela y Monitor Legislativo, promotoras de la contraloría ciudadana de los poderes públicos. El motivo de la averiguación planteada por Carreño sería determinar el origen del financiamiento de ambas organizaciones.
Carreño no presentó ninguna prueba que sustentara alguna sospecha de irregularidad, pero citó el artículo 67 de la Constitución, aunque el mismo se refiere a las organizaciones con fines políticos (partidos).
Ambas organizaciones han impulsado en los últimos meses una serie de instrumentos técnicos para facilitar la contraloría ciudadana del Poder Legislativo, como el instructivo para la presentación de informes de gestión de los diputados y un baremo para medir el rendimiento parlamentario.
La petición de Carreño fue asignada a la subcomisión de entes descentralizados dirigida por su compañera de partido, Nancy Ascencio. Las notificaciones e inicio formal de la averiguación cursarían a partir de la semana próxima.
El diputado Carlos Ramos (UNT) se opuso a la petición y reconoció el trabajo de Transparencia Venezuela. “Estoy seguro de que, siendo una organización que promueve el uso transparente de los recursos y lucha contra la corrupción, tendrá todas sus cuentas al día”.
Además, pidió que se investigara el manejo parcializado de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional, pero su propuesta ni siquiera fue votada. “Estos medios invisibilizan a los diputados de la oposición. Somos 167 diputados y todos tenemos derecho a expresarnos a través de ellos, pero su trabajo es desequilibrado y sesgado. Es inaceptable”, reclamó.
Adicionalmente el diputado Rodolfo Rodríguez (AD) pidió investigar supuestas irregularidades en la compra de medicinas a Cuba, reportadas por la Contraloría General en su informe de 2010, pero no se fijó ninguna interpelación.
Entretanto, en Política Interior se nombró una subcomisión que iniciará una investigación contra las autoridades de la Universidad de Carabobo, por el supuesto allanamiento del que habría sido blanco esa casa de estudios por parte de funcionarios de la policía regional durante disturbios registrados el 16 de abril.
Los parlamentarios solicitarán entrevistarse con la rectora Jessy Divo, los profesores y los estudiantes. Misiones para todos. No todo el pueblo tiene acceso a la Asamblea Nacional, contrario al eslogan que usó el PSUV para promover a sus candidatos a diputados en 2010. Así quedó demostrado una vez más ayer, cuando parlamentarios de oposición, acompañados de un millar de militantes de varios partidos, solicitaron entrar al palacio para consignar el Proyecto de Ley de Misiones para Todos por Igual.
Un cordón de la GN los obligó a mantenerse en la avenida Universidad, a la altura de la esquina de San Francisco, y sólo permitieron el acceso a los parlamentarios. Además, activistas del chavismo interfirieron con la actividad a través de gritos y empujones. Una asistente parlamentaria y un camarógrafo de Ávila TV habrían resultado lesionados en la confusión.
“Con esa exclusión es con la que queremos acabar, para que todos tengan los mismos derechos y el mismo trato. Haremos presión para que la ley se discuta. La próxima sesión debería notificarse a la directiva y remitir las firmas al CNE para su validación. Invitamos al PSUV a aprobar esta ley juntos”, dijo Julio Borges (PJ).
El instrumento, con el respaldo de 200.000 firmas, consta de 19 artículos. Se reconoce a los trabajadores de las misiones el derecho a gozar de todos los beneficios establecidos en la LOT.
El dato
El artículo 204 de la Constitución indica que la iniciativa legislativa corresponde, entre otros, a los electores en un número no menor del 0,1% de los inscritos en el Registro Electoral. El 205 ordena que estos proyectos de ley sean discutidos “a más tardar en el período de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado”. El aparte agrega que, si ello no ocurre, el proyecto se someterá a referendo aprobatorio.
